El juez Segundo de Distrito en Materia Civil de la CDMX, Benito Zurita, declaró improcedente la demanda que pretendía la reparación integral del daño y una indemnización por más de 6 millones de pesos a civiles involucrados en el desplome de la línea 12.
De acuerdo con el juez, la responsabilidad patrimonial debe reclamarse en correcto orden ante el STC Metro o la Contraloría General de la Ciudad de México. En caso de que la respuesta sea negativa, la solicitud deberá llevarse a juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa capitalino.
“Al derivar la presente controversia en una probable actividad administrativa irregular del Estado por la prestación de un servicio público deficiente, resulta aplicable la Ley Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, sin que sea procedente estudiar la presente controversia al tenor de las disposiciones civiles generales”, informó Zurita.
La demanda fue interpuesta por familias afectadas por el incidente en la Línea Dorada del STC, a quienes representó la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) y buscaban beneficiar hasta a mil personas, entre víctimas directas e indirectas del percance.
