La diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), presidenta de la Comisión Reforma Político-Electoral, advirtió que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida el “Plan B” de la reforma electoral, se pone en riesgo la distribución de competencias, el equilibrio de poderes y la división de éstos, establecida en la Constitución Política.

Con esta medida, aseveró, la SCJN se entromete en una función que no le corresponde, la de legislar, y no respeta el principio máximo de nuestra democracia en la que se señala que la soberanía reside en el pueblo.

"Se ensancha al Poder Judicial Federal al grado de interferir en las facultades constitucionales del Poder Legislativo, lo que se conoce como 'hipertrofia', que ocurre cuando un órgano afecta el desarrollo y funcionamiento de otros, en este caso, atropella las decisiones del Poder Legislativo e ignora la actividad propositiva del Poder Ejecutivo Federal", indicó en conferencia de prensa.

Sánchez Ortiz sostuvo que esto es grave y más aún, porque afecta al proceso de democratización de México y de sus instituciones, y porque desmantela la posibilidad de que el proceso electoral de 2024, sea genuino, efectivo, austero y eficiente como lo demanda la sociedad mexicana en este momento de la historia.

Agregó que esto también afecta a la voluntad ciudadana, porque en el Congreso de la Unión están los representantes del pueblo, quienes gracias al voto popular dan la cara a la nación para su mejoramiento integral permanente, para su desarrollo político y para una mejor convivencia humana.

“En ese sentido, la Suprema Corte violó el principio de representación de la ciudadanía, porque atropelló las decisiones del órgano colegiado y deliberativo por excelencia de las democracias contemporáneas y modernas, el Congreso de la Unión, que es el órgano de representación popular y nacional, votado de manera directa, universal y secreta, por la ciudadanía de nuestro país”, apuntó.

Asimismo, subrayó, el máximo tribunal violentó los principios de la convivencia democrática y de la tolerancia política, porque no observó el fondo, el contenido decreto; se justificó solo en los procedimientos legislativos, los cuales, por cierto, no transgredieron la democracia deliberativa, ni tampoco la publicidad y transparencia.

“En burda resolución, la Suprema Corte no tomó en cuenta los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano colegiado de gobierno de las cámaras, sobre todo el de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a la presentación de asuntos legislativos de urgente resolución y la dispensa de trámites que se establecieron para las iniciativas que fueron presentadas ante el Pleno”, dijo.

La diputada de Morena sostuvo que “la irresponsabilidad” de la Suprema Corte fue ilimitada, al no realizar un ejercicio de ponderación obligatoria entre el fondo del asunto, los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y los procedimientos legislativos.

”El pueblo lo sabe: la mayoría de los jueces son corruptos, la mayoría se venden al mejor postor, la mayoría son millonarios, la mayoría son conservadores, la mayoría son arbitrarios, la mayoría son autoritarios, la mayoría son una máscara de la justicia, salvo las valiosas e invaluables excepciones”, expresó.

Además, Graciela Sánchez cuestionó que se diga que no se dio el tiempo suficiente para los diputados de oposición revisaran la reforma electoral, ya que desde el 28 28 de abril que llegó la iniciativa propuesta por el Presidente de la República, se dio a conocer todo el proyecto.

Indicó que posteriormente se diseñó el llamado “Plan B”, porque ya vislumbraban que no alcanzarían la mayoría calificada para avalar la reforma constitucional.

“Es injustificable que digan que no conocían de las leyes secundarias porque éstas emanaron de la reforma constitucional, sólo que en el mes de mayo y junio la oposición se manifestó en moratoria constitucional y que no asistirían a ninguno de los foros de discusión, por lo que se alejaron del debate, ellos no quisieron participar”, finalizó.

Redacción