La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, y el diputado Sergio Gil Rullán señalaron que los integrantes del Comité de Evaluación que determinará la idoneidad de los aspirantes a cargos de personas juzgadoras para la elección del 2025, mantienen vínculos con Morena y han ocupado puestos en gobiernos encabezados por dicho partido.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, Ortega Pacheco señaló que, según un acuerdo previo, el Comité de Evaluación debía estar integrado por personas con "reconocimiento y prestigio personal", desvinculadas de partidos o gobiernos.

Agregó que, al revisar los cinco nombres propuestos, observaron que todos han trabajado en gobiernos de Morena; además, “no tienen mucho que ver con estos temas. Movimiento Ciudadano ratifica: no escuchan, hacen lo que quieren, están lastimando al país y están lastimados los derechos humanos de los mexicanos, por eso nosotros no nos prestamos a ser cómplices de estas atrocidades”.

Ortega Pacheco y Gil Rullán informaron que enviaron cartas a organismos internacionales para solicitar su intervención; asimismo, anunciaron que, este jueves, un representante de la ONU, invitado por un diputado de su grupo parlamentario, visitará México para conocer la situación.

Señalaron que, en caso de aprobarse los candidatos actuales, México podría enfrentar cuestionamientos internacionales sobre la imparcialidad en sus órganos judiciales.

En otro orden de ideas, al ser cuestionada sobre el proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretende declarar inconstitucional la elección por voto popular de las personas juzgadoras, la diputada Ivonne Ortega indicó que está en espera de conocer más detalles sobre su alcance y si es que se aprueba.

Recordó que se requieren ocho votos de la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para avalar la sentencia, y si fuera en sentido positivo, “ya no tendrían a dónde acudir porque hoy la máxima instancia es la Corte”.

Confió en que esto no derive en una “crisis constitucional” en México. Lo apegado a la Constitución podría ayudar; no obstante, por la insistencia de la mayoría de que “va por que va” la reforma judicial, “no sé a qué país nos quieren llevar, concluyó.

Redacción