La Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés) entregó este domingo el Premio de Derechos Humanos 2023, a la presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, el cual es otorgado por la nominación y el voto de sus integrantes: más de 10,400 juezas y aliadas en 143 países de todo el mundo.
Fue del 11 al 14 de mayo los días en los que la IAWJ celebró en Marruecos su 16a conferencia bienal cuyo tema principal fue el de “Mujeres juezas: logros y desafíos con subtemas de trauma y resiliencia, hermandad y solidaridad e innovación y liderazgo.
En esta reunión organizada cada dos años, se promueve la discusión de temas de actualidad y la identificación de soluciones a través del conocimiento de mejores prácticas, al tiempo de distinguir a líderes en el ámbito jurisdiccional a través de reconocimientos que se otorgan por nominación de las juzgadoras que forman parte de la IAWJ.
En este contexto, el Premio de Derechos Humanos que recibió la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación se otorgó por el compromiso asumido para asegurar la implementación de principios de derechos humanos y otros referentes significantes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias.
Cabe destacar que la IAWJ fue fundada hace 30 años y tiene el objetivo de apoyar y empoderar la red global de mujeres juezas y promover la igualdad en todo el mundo.
Esta organización cuenta con integrantes de cinco regiones globales: Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente, América Latina y el Caribe, América del Norte y África Subsahariana.
Entre sus actividades está la construcción de espacios y redes seguros para las mujeres juezas; capacitación y planes de estudio sobre temas de trata de personas y derechos LGBTQ y más. Además, la Asociación trabaja con gobiernos extranjeros, para abordar problemas sistémicos, identificando agentes de cambio y, en última instancia, promoviendo reformas institucionales.
Una de las acciones más relevantes en los últimos años fue el apoyo brindado en 2021, a más de 200 juezas de Afganistán, amenazadas por el entonces reinstalado gobierno talibán luego de que ellas habían trabajado para la construcción democrática, así como el desarrollo de nuevos tribunales que atendieran, entre otros temas, la violencia doméstica.
Redacción