El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Cámara de Diputados una ampliación a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 por mil 499 millones 392 mil 669 pesos, con el objetivo de cumplir con la realización de la Consulta Popular el primero de agosto. 

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que este monto garantiza que se mantengan los estándares de calidad que caracterizan al INE, a pesar del ejercicio de contención de recursos que se hizo considerando que varios materiales y servicios serán los mismos que en el Proceso Electoral.

“Dos meses después de las elecciones federales y locales del 6 de junio, volveremos a instalar las casillas para recibir el voto de la ciudadanía que decida participar en esa Consulta en la que, por cierto, es muy importante aclarar que serán ciudadanos voluntarios –como ocurre siempre– quienes recibirán y contarán los votos de sus vecinos”, dijo.

Recordó que el pasado 22 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular propuesta por el titular del Ejecutivo y cuya convocatoria se publicó este miércoles.

En este sentido, el Consejero Presidente aludió al texto Constitucional que establece que, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada el primero de agosto, deberá suspenderse la difusión de toda la propaganda gubernamental con las excepciones previstas. 

Refirió que el INE se mantendrá vigilante de que todos los actores políticos respeten no sólo las reglas electorales, sino que también cumplan las restricciones establecidas en el modelo de comunicación política durante los comicios y el periodo de campaña de la Consulta Popular.

La difusión es obligación de la autoridad electoral

En su oportunidad, la Consejera Claudia Humphrey enfatizó que la promoción de esta Consulta Popular correrá a cargo del INE de forma exclusiva, por lo que ningún partido o particular podrá hacer difusión alguna de la pregunta ya validada. 

“Toda la difusión es obligación de esta autoridad electoral, lo haremos de la pregunta y además del contexto o el tema sobre el cual se pregunta. No podemos cambiarle un punto a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además determinó que la materia de la Consulta era constitucional”, puntualizó.

El Consejero Ciro Murayama refrendó el compromiso de tomar en serio los derechos de los ciudadanos para participar en la Consulta Popular, para lo que se requieren recursos públicos, ya que lo contrario sería apostar por la privatización de la democracia y, por lo tanto, su negación. 

“El INE no responde por la pregunta de la Consulta, no está en sus manos, pero se va a garantizar que se trate de un ejercicio democrático, auténtico. Los ciudadanos decidirán si participan o no, y en qué sentido se pronuncian; en ello está su libertad y esa libertad la salvaguardará el INE”, sentenció. 

Por su parte, la Consejera Dania Ravel reconoció que, sin recursos adicionales, el INE no tendría la posibilidad material para organizar esta Consulta, la cual permitirá a los ciudadanos emitir su opinión bajo los mismos principios que un voto -libre, directo y secreto- y bajo las mismas condiciones de seguridad sanitaria.

“La importancia de este ejercicio radica en que la participación política no se limita a votar en los procesos electorales. Con este tipo de instrumentos es posible construir una democracia basada en la participación mediante un conjunto de procedimientos en donde gobiernos y ciudadanía entran en relación simétrica y recíproca de comunicación, cooperación y corresponsabilidad”, dijo.

Factores de ahorro en la organización de la Consulta

La propuesta será remitida a la Cámara de Diputados para que sea integrada al proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio 2021 que aprobó el INE en el mes de agosto, cuando no se tenía contemplado el desarrollo de este ejercicio de participación ciudadana.

Entre las directrices que permitirán ahorros sustantivos para esta Consulta destacan:

• Instalar 104 mil 667 casillas, cada una con mil 500 boletas,  y no las 164 mil 550 casillas que se instalarán el 6 de junio.
• Las Mesas Directivas de Casilla tendrán sólo tres de los seis funcionarios de casilla que se requieren en los comicios. 
• Recurrir a los ciudadanos ya capacitados, lo que generará ahorros al no ser necesaria una nueva insaculación, visita y capacitación integral, como si fuera un nuevo proceso electoral.
• Reutilizar los cuadernillos impresos con la Lista Nominal de Electores utilizados el 6 de junio, imprimiendo sólo las adendas de aquellas ciudadanas y ciudadanos que cumplan 18 años entre el 7 de junio y el 1 de agosto de 2021.
• Los cómputos distritales se realizarán desde la misma noche del 1 de agosto, conforme lleguen los paquetes electorales lo que disminuirá dos días los trabajos del Instituto y la contratación de personal.
• Se prescindirá del Programa de Resultados Electorales Preliminares, pues los resultados irán fluyendo en un sistema que los hará públicos conforme se vayan generando.
• La impresión de las papeletas para la Consulta será en un papel distinto al papel seguridad de las boletas electorales.

El proyecto también contempla que los recursos que no se utilicen en la realización de la Consulta Popular, sean reintegrados debidamente a la Tesorería de la Federación.

El Consejo General también aprobó que las sesiones de los Consejos Locales y Distritales del INE puedan realizarse de manera virtual o a distancia durante el periodo en que se mantengan las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19.

Con información de: INE