Es necesario redoblar esfuerzos para transparentar las campañas electorales y exigir a los partidos políticos una efectiva rendición de cuentas, planteó Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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El Instituto Nacional de Migración (INM) debe dar a conocer el gasto de cada una de las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para alojar temporalmente a las personas extranjeras que no acrediten su estancia regular en el país, de 2018 a 2023, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez enfatizó que el Estado mexicano deben brindar certeza a la ciudadanía sobre su actuar, así como la posibilidad de valorar su desempeño y, en este caso, la información solicitada se asocia directamente con la rendición de cuentas, ya que permite tener un primer acercamiento al uso del dinero y el grado de cumplimiento de objetivos.
“Esta resolución muestra la importancia de dar a conocer el ejercicio de los recursos públicos, en los términos que establece la propia Constitución; además, tiene un impacto directo en las personas que se encuentran en una circunstancia que les pone en una situación de vulnerabilidad como es la migración”, subrayó.
Alcalá Méndez refirió que la migración es un fenómeno social que impacta tanto el ambiente político como el económico de cualquier nación; pues la finalidad es que las personas amplíen sus oportunidades de desarrollo en un ambiente adecuado; sin embargo, en muchas ocasiones, también se relaciona con la seguridad tanto de las personas como de la sociedad en general.
“Una vez más, podemos observar que el derecho a la información es una pieza clave, fundamental, nodal, para el ejercicio de otros derechos, ya que con éste se abre la posibilidad de identificar problemáticas para así diseñar y poner en marcha estrategias o políticas de solución a este fenómeno, siempre respetando los derechos humanos de las personas migrantes”, remarcó.
La persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado, que señaló que no cuenta con un documento con las características solicitadas, indicando que únicamente se le autorizan recursos destinados a servicios profesionales, mientras que los gastos operativos los sustenta con ingresos excedentes por el pago de derechos de servicios migratorios.
Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Adrián Alcalá Méndez advirtió que en solicitudes de información diversas, el INM ha proporcionado el gasto ejercido para la atención, operación y funcionamiento de las estaciones migratorias.
“Por eso, no es posible validar la respuesta que otorgó el ente público hoy recurrido, ya que se cuenta con evidencia suficiente, que apunta a que el sujeto obligado posee mayor información a la que, de una manera parca, entregó al particular, por lo cual se determinó que lo proporcionado no atiende a los intereses de la persona hoy recurrente”, concluyó.
Con base en lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del INM y le instruyó llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la información sobre el gasto de cada una de las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para alojar temporalmente a las personas extranjeras que no acrediten su estancia regular en el país; lo anterior entre 2018 y 2023.
También deberá dar a conocer los documentos que registren la fuente y cantidad del presupuesto ejercido para hacer frente a los gastos, así como, los lineamientos que regulen la forma en que se erogan los recursos públicos en el mantenimiento y operación de estos sitios.
Redacción
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El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) entregar los nombres de los servidores públicos que ocupan las plazas destinadas para los controladores de tránsito aéreo, sin contar con la formación necesaria.
“La seguridad en las operaciones aéreas está relacionada con el profesionalismo, entrenamiento, perfil y pericia de los controladores aéreos, porque son quienes dirigen el tránsito de las aeronaves a través de indicaciones muy precisas -a los pilotos- en los despegues, aterrizajes, o también en los momentos de espera, para que sigan sobrevolando el espacio aéreo. Ese es el tamaño de su responsabilidad: el de la vida de las personas que diariamente se trasladan en vuelos comerciales o privados, pero no solo de pasajeros mexicanos, también de pasajeros de todo el mundo”, aseguró la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la Comisionada del INAI advirtió que las responsabilidades de los servidores públicos deben ser siempre acordes al perfil y a la experiencia con la que cuenten; en el caso de los controladores aéreos, donde la seguridad, integridad y la vida de millones de personas depende de sus capacidades, el puesto debe ser ocupado por personas que tengan pericia y estén capacitadas para desempeñarlo.
En el caso concreto, una persona solicitó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano conocer los nombres de los servidores públicos que ocupan las plazas destinadas para los controladores de tránsito aéreo, sin contar con la formación necesaria, de acuerdo con una serie de observaciones señaladas por su propio Órgano Interno de Control (OIC).
El sujeto obligado informó que no localizó a ningún servidor público que ocupe alguna plaza destinada para los controladores de tránsito aéreo, sin contar con la formación necesaria para dicho puesto, afirmación que contraviene las observaciones plasmadas y señaladas por el Órgano Interno de Control, en un dictamen oficial.
Ante la respuesta de inexistencia de la información, la persona solicitante presentó ante el INAI un recurso de revisión.
Del análisis realizado por la ponencia, a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se concluyó que el agravio sobre la inexistencia resultó fundado, porque el sujeto obligado no observó el procedimiento de búsqueda, pues no consultó a todas las áreas facultadas que pudieran contar con la información.
Además, se determinó que, a partir del análisis de las observaciones por las irregularidades detectadas por el Órgano Interno de Control del sujeto obligado, y que fueron proporcionadas, se encontraron elementos de convicción de que la información requerida existe y que debe encontrarse en sus archivos. Así, “frente a estas irregularidades, no podemos validar el procedimiento de búsqueda ni la alusión de inexistencia de la información solicitada, porque no existe certeza sobre la realización de una búsqueda amplia, exhaustiva y razonable de la información de interés”, apuntó.
Del Río Venegas recordó que el 25 de mayo de 2021 nuestro país perdió la categoría uno, debido a que, de acuerdo con la Federal Aviation Administration (FAA), no se proporcionó información sobre la supervisión de seguridad operacional de las aerolíneas, y demás transportistas, de acuerdo con las normas mínimas de vigilancia de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En seguridad aérea existen dos categorías, y para poder implementar nuevas rutas aéreas es necesario contar con la categoría uno, por lo que al estar en otra categoría se afectaba a pasajeros nacionales e internacionales, así como al fortalecimiento del comercio y turismo de nuestro país, explicó.
Además, compartió que, en su momento, la Auditoría Superior de la Federación, reportó en el documento “Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones” que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) “trabaja con infraestructura que está por duplicar su vida útil y hay un rezago en la capacitación y certificación de los controladores. Ambos aspectos “incidieron (...) en la calidad y seguridad en el control de tránsito aéreo”.
“De ahí la relevancia del recurso que hoy presento, que involucra, más allá de cualquier cosa, miles y miles vidas de personas; sin embargo, el sujeto obligado argumentó que la información a la que se refiere el recurrente corresponde, no a un dictamen final, sino a un hallazgo del OIC, o sea, lo reconoce; dice no lo tengo y cuando se le dice que está en dictamen responde que es un hallazgo, es lo mismo; la observación existe y está plasmada”, subrayó la Comisionada Del Río.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y le instruyó realizar una nueva búsqueda, exhaustiva y de carácter amplio, de la información solicitada.
Redacción
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