México, 13 Ene.- El comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que en esa entidad los delitos de secuestro y extorsión han sido llevados a su mínima expresión.
En reunión de trabajo con los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente, detalló que durante 2013 en esa entidad se tuvo conocimiento de 194 casos, mientras que en el segundo semestre de 2014 sólo se dieron 13.
Ante los legisladores aseveró que la comisión a su cargo tiene que coordinar las acciones de instancias federales y las locales para fortalecer las instituciones y el Estado de derecho.
En este sentido precisó que Michoacán es totalmente diferente al de hace un año y prueba de ello es que se tiene conocimiento de nueve mil ingresos a prisión por parte de la Procuraduría estatal, lo que refleja el fortalecimiento de las instituciones.
Castillo Cervantes indicó que es prioritario trabajar en objetivos comunes para fortalecer el Estado de derecho, en beneficio de las personas que habitan en el estado.
En este sentido dijo que recuperar territorio es una de las prioridades en esa entidad y se han logrado avances importantes, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer.
A su vez, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista México establecieron que el Gobierno federal ha actuado con oportunidad en el estado de Michoacán, y prueba de ello, es que se han acotado a grupos delincuenciales.
Los priistas y ecologistas argumentaron que el clima de inseguridad que ha prevalecido en esa entidad tiene historia y responsables con nombre y apellido, que vino a demostrar que la estrategia instrumentada hace ocho años fracasó.
Mientras que los representantes de Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano cuestionaron el trabajo del comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo Cervantes.
El estado de Michoacán, señalaron los panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano vive momentos difíciles desde hace ya varios años. El crimen organizado, aseveraron, se fue apropiando de las estructuras del estado para ponerlas al servicio de sus intereses.
Al fijar la postura del Revolucionario Institucional (PRI), el diputado José Luis Flores Méndez estableció que la coyuntura por la que hoy atraviesa Michoacán tiene historia y responsables con nombre y apellido, constituye la suma de dos circunstancias concretas:
“Una, la estrategia de seguridad fallida iniciada hace ocho años y cuyos resultados distaron de tener la efectividad esperada; y otra, la ineficacia de las autoridades locales surgidas de una amplia coalición de partidos de izquierda.
“Tal vez el contexto general pudiera abarcar a que tenemos dos periodos por el PRD, pero además un gobierno con el cual se entendía, que era el PAN a nivel federal”, explicó.
Derivado de lo anterior, expuso, la federación se vio precisada a intervenir en el Estado (de Michoacán), con resultados alentadores que permiten afirmar que el peor momento de la crisis ya pasó.
Indicó que de acuerdo con los datos que dio a conocer el comisionado Alfredo Castillo se ejerció acción penal contra más de 150 servidores y ex servidores públicos; se han consignado doce averiguaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos, relacionadas con delitos patrimoniales: peculado, abuso de confianza, robo, falsedad en declaraciones, entre otros.
Al hablar a nombre del Partido Verde, el diputado Rubén Acosta Montoya, expuso que “la sociedad en Michoacán no está conforme al 100 por ciento, sin embargo, las autoridades están en eso y van por un excelente camino”.
Se han recuperado, añadió, grandes cosas en el estado. “Primero hay un estado de derecho; segundo es que la actividad productiva ya está en marcha y tercero es que la sociedad puede llevar a cabo una vida que antes no podía llevar a cabo.
“La violencia delincuencial evolucionó a tal grado que en muchos territorios michoacanos existía una suerte de poder dual compartido por autoridades y grupos criminales”, expuso.
A finales de 2013 y comienzos de 2014, acotó, la situación que se vivía en La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán o en Tepalcatepec daba cuenta de hasta qué punto había llegado el poder de los delincuentes, quienes todos los días cometían extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones y abusos que lastimaban y laceraban a la sociedad.
Para hacer frente a esta situación tan compleja y dolorosa, señaló, el Gobierno de la república actuó de manera puntual, tomó cartas en el asunto con la finalidad de generar en Michoacán un clima de orden, tranquilidad y confianza que ha permitido que hoy a sus habitantes regresar a sus vidas cotidianas.
En su intervención, la diputada del PRD, Aleida Alavez Ruiz, mencionó que Michoacán constituye hoy por hoy el más complejo de los desafíos en materia de inseguridad pública, ya que el estado representa la conjunción de múltiples factores, que conjugados provocan una escalada de la violencia e ingobernabilidad territorial.
Consideró que los resultados y objetivos plasmados en el decreto del 15 de enero de 2014, no han sido los esperados.
Por ello, es preocupación y obligación de diputados como de senadores en buscar soluciones a la terrible problemática que enfrentan los michoacanos, subrayó.
Por su parte, el diputado panista Fernando Rodríguez Doval señaló que muchos funcionarios, policías y políticos no eran empleados del estado, “sino criminales que empleaban al estado para conquistar espacios y asegurarse impunidad”.
Expresó que el estado (de Michoacán) al igual que muchas otras entidades, vive una situación extremadamente grave y ante la cual la falta ausencia de claridad del gobierno federal.
Manifestó su preocupación por las llamadas autodefensas, pues su existencia representa la renuncia del monopolio de la fuerza física y la falta de capacidad del gobierno para garantizar seguridad a los ciudadanos.
Información de: Notimex
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