El derecho de acceso a la información pública no debe ser entendido o visto como un problema o un obstáculo para gobernar; al contrario, es una fórmula para trabajar juntas, autoridades y sociedad, refirió la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, al impartir una conferencia en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“El derecho a saber tiene un gran potencial no solamente para el desarrollo democrático de este país, sino también por todo lo que representa para darle certeza jurídica, para darle a la sociedad posibilidades de tomar mejores decisiones, de elegir mejor a sus gobernantes y también de exigir mayor rendición de cuentas. Representa una oportunidad de transformación social y de transformación también individual, porque impacta en el desarrollo profesional, en las actividades económicas, empresariales, en agendas de activismo social, y en problemáticas de la vida cotidiana”, remarcó la Comisionada ante alumnos de la Maestría en Administración Militar con especialidad en Estado Mayor.
Las fuerzas armadas, dijo Ibarra Cadena, juegan un papel relevante en el país, no solo para garantizar la seguridad nacional, sino también para propiciar el bienestar social, objetivos que son compartidos con el INAI.
Destacó que el organismo autónomo es una institución sólida, imparcial, técnica e independiente, que garantiza a la población conocer los asuntos públicos y, además, le facilita el ejercer sus derechos y libertades.
Posteriormente, explicó los tres tipos de utilidad social del derecho de acceso a la información: la sistémica, la gubernamental y la ciudadana.
La utilidad sistémica beneficia a la democracia; la gubernamental, ayuda a las autoridades de todos los niveles y poderes, y la más destacada es la ciudadana, ya que ayuda a resolver problemas individuales o colectivos de la vida cotidiana de las personas, dijo.
En tanto, las utilidades sistémicas del derecho a saber permiten evaluar a los gobernantes, ya que “el ejercicio del poder no es un cheque en blanco, sino el compromiso de cumplir con las promesas y proyecciones que se plantean en sus campañas para obtener el voto”, y posibilita la rendición de cuentas, ya que las autoridades tienen la obligación de detallar las acciones públicas y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes.
Al explicar que el derecho a saber es un medio para fortalecer la autoridad política del gobierno, Ibarra Cadena refirió que éste permite ganar legitimidad. “A mayor legitimidad, el gobierno puede actuar con más firmeza, implementar con mayor facilidad políticas o recaudar impuestos con menos resistencias; facilita que la sociedad busque cooperar con las autoridades”.
En la conferencia también participó Gabriel Santiago López, Jefe de Ponencia de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien refirió que en materia de acceso a la información hay retos como el aumentar la calidad de las respuestas, mitigar las negativas de entrega de información y consolidar la socialización del acceso a la información.
Redacción
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