El gobierno federal ha cumplido los compromisos en el ámbito de su competencia para resolver las justas demandas de los trabajadores agrícolas de San Quintín, Baja California, afirmó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
En entrevista telefónica en el marco de su participación en un coloquio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Argentina, el funcionario mexicano aseguró que el grupo encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob) y en el que participa la dependencia a su cargo en los temas laborales, ha dado resultados concretos.
"Asumimos tres compromisos el grupo de trabajo que encabeza la Segob y se han cumplido, por lo que se están dando avances y resultados y estaremos en la mejor disposición para que las condiciones de laborales de los jornaleros mexicanos sean dignas", sostuvo.
Dijo que a pesar de que la conflictiva situación social y laboral de los jornaleros de San Quintín, corresponde atenderla de manera directa a las autoridades locales, porque todos los contratos colectivos que se han dado entre trabajadores y empresarios están depositados ante las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, y resaltó que la Federación está atenta y colabora para resolverla.
"En apoyo a las autoridades locales, la STPS ha estado colaborando seriamente haciendo una serie de inspecciones en su ámbito de competencia para revisar condiciones generales de trabajo, erradicación de trabajo infantil, para terminar con este régimen de absoluta explotación", detalló.
Refirió que la Secretaría del Trabajo estuvo presente en los 100 campos agrícolas registrados en el lugar, donde efectuó un programa de inspección para terminar con esas malas prácticas laborales.
Respecto a los hechos suscitados el pasado fin de semana en Baja California, donde los jornaleros de San Quintín se manifestaron, Navarrete Prida aseveró que ése nunca será el camino para resolver la conflictiva social.
Sostuvo que el diálogo directo y franco y los compromisos que se vayan cumpliendo y verificando son el único camino para resolver este problema complejo, que se puede resolver sin demora y sin pretextos.
Consideró que habrá soluciones en la medida que haya un programa y acuerdo común para resolver la condiciones generales de los jornaleros, sobre todo en zonas deprimidas y en campos donde la tecnificación no ha sido una de las divisas que caractericen la producción.
En tanto, la STPS difundió los 13 acuerdos que suscribieron esta madrugada en la mesa de diálogo celebrada en Ensenada los representantes de los jornaleros, los empleadores y autoridades federales y locales.
De esta manera, se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un proceso que no implicará ningún costo para los empleados.
Asimismo, se estableció que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios de las y los trabajadores, los cuales se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo, además de que se transparentarán los diferentes conceptos que lo integran.
También se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores, con estricto apego a la Ley.
Se garantizará el respeto a los derechos laborales concedidos en la Ley Federal del Trabajo y a los derechos humanos integrales, particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares. Para ello se llevarán a cabo las inspecciones de trabajo necesarias.
De igual forma, las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil, y se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal y estatal y de las empresas para el desarrollo de la zona, que quedará formalizado en un plazo no mayor a 60 días.
Otro de los acuerdos será la revisión de los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas, y se revisarán los padrones para constatar que estos cumplan con los requisitos para acceder a ellos.
También se otorgará el registro sindical a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, y la autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindical de los trabajadores en la zona.
A su vez, el gobernador del estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya mayo.
Respecto a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del estado de Baja California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su libertad, privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de Derecho.
Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalias, preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación y la conciliación.
En cuanto al tema del salario base, éste será pactado en la siguiente sesión a realizarse el 4 de junio próximo en San Quintín.
Los gobiernos estatal y federal y los senadores harán las gestiones pertinentes con los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano posible a lo planteado por la Alianza, que ascendería a 200 pesos, retroactivo al 24 de mayo.
Un acuerdo más es que el gobierno federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza.
