Son muchos los directivos y funcionarios defraudadores que todavía siguen libres, debido al retraso para el inicio de las investigaciones.

De acuerdo a los abogados de las víctimas, la autoridad financiera entorpece y hace más lentas las denuncias en contra de estas personas que cometen delitos financieros.

Actualmente, de acuerdo a la normatividad vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene la obligación de emitir una opinión de los delitos para que Hacienda y la Procuraduría Fiscal lleven a cabo la denuncia en contra de los defraudadores.

El problema, de acuerdo a José María Aramburu, director de la Facultad de Derecho de La Salle, es que la CNBV no tiene límite de tiempo para dar su opinión, retrasándose así las investigaciones.

Agrega que la libertad de los delincuentes sucede gracias a la mala integración de los expedientes por parte de las autoridades cuando hacen la denuncia, y por los lentos procesos judiciales y administrativos ante el Ministerio Público.

El caso más reciente es el de Rafael Olvera Amezcua, socio mayoritario de FICREA, la sociedad financiera que defraudó 6 mil 200 millones de pesos a más de 6 mil ahorradores.

Según Edward Martín Regalado, socio fundador del despacho Regalado & Galindo, Olvera Amezcua tiene una suspensión concedida por un juez de Distrito. “Ha logrado cobijo en la Ley y en los tribunales porque promovió un juicio de amparo, le fue admitido, le concedieron la suspensión de manera que él podría pasearse tranquilamente en Avenida Reforma y no le pasaría nada”.

La CNBV se defiende

El organismo sostiene que si bien la ley no específica una fecha límite para que emita su opinión, en los últimos diez años los asuntos se han resuelto en un plazo menor a 40 días.

“La CNBV, como órgano regulador da una puntual seguimiento y atención a los asuntos que son detectados o requeridos”, sostuvo.

Con información de Reforma.
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