El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que las acciones de inconstitucionalidad que presentaron el PAN, PRI y PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la

El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que las acciones de inconstitucionalidad que presentaron el PAN, PRI y PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las leyes de Amnistía y de Amparo responden a que éstas representan un retroceso en materias de derechos humanos y justicia en México.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República, argumentó que estas reformas eliminan derechos fundamentales, como el derecho a presentar un amparo y recibir protección federal y benefician sólo a quienes pueden pagar abogados, incrementando la desigualdad.

Moreira Valdez criticó posturas y propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios, tras señalar que estas reformas afectan negativamente la libertad de prensa, expresión y otros derechos humanos esenciales.

Por otro lado, el líder parlamentario subrayó que la reforma al Poder Judicial no va a dotar de justicia al país, porque el principal problema de esta materia en México es que no tiene los suficientes jueces ni ministerios públicos.

Ello, refirió, porque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que por cada 100 mil habitantes debe haber 20 jueces.

Interrogado sobre qué sigue en el ámbito político después de las elecciones del pasado 2 de junio, Moreira Valdez confío en que habrá reconciliación entre las y los mexicanos, a fin de que termine la polarización.

Asimismo, en que la nueva Presidenta podrá libremente decidir las que van a ser sus políticas públicas y buscará los acuerdos con todas las fuerzas de este país.

“No podemos estar en esta tensión tan terrible, que lo único que hace es desgastar a la sociedad mexicana”, expresó.

Reiteró que el PRI pugnará por defender el Poder Judicial, porque “no se trata de una reforma al sistema de justicia, sino algo revanchista en contra los ministros de la Corte”.

Agregó que el año que entra el PRI promoverá, entre otras cosas, un salario mínimo garantizado, arriba la de la inflación, así como la semana laboral de 40 horas y mejorar el marco de los derechos humanos.

También consideró que sería un gran retroceso quitarles a los tratados internacionales el rango constitucional, como lo señaló Morena el día de ayer.

Cuestionado sobre el método selectivo que tiene que aplicar el PRI en agosto cuando vence el periodo del presidente Alejandro Moreno Cárdenas, Moreira Valdez dijo que la Asamblea Nacional determinó eliminar el neoliberalismo de su ideario y recuperar su alianza con los maestros, obreros y campesinos, así como reelegir al actual dirigente.

Por ello, retó a los adversarios de Moreno Cárdenas a competir por la presidencia nacional del PRI; sin embargo, adelantó que será difícil que logren obtener la victoria.

Explicó que las voces críticas a la actual dirigencia “no tienen con qué” competir por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) debido a que nunca han disputado un puesto al interior del partido, sino que siempre fueron designados desde la Presidencia de la República.

“Ellos no tienen con quién jugar la presidencia del partido, díganme con quién la jugaría, ni están acostumbrados a ir en elecciones ante la base, ellos estaban acostumbrados a una designación directa desde Los Pinos”, expresó.

Adelantó que en las próximas horas de este miércoles saldrá la convocatoria oficial para iniciar el proceso de sucesión o reelección en la dirigencia nacional del PRI, por lo que invitó a registrarse a todos los que han estado en contra a lo que se votó en la XXIV Asamblea Nacional.

Redacción

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Esas manifestaciones, consideró el Pleno, tuvieron impacto electoral, pues se trató de llamados a votar en favor de una opción política y en contra de otra, con lo cual, pretendió influir en las preferencias de la ciudadanía.

La entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también fue responsabilizada de vulnerar principios constitucionales, por realizar manifestaciones relacionadas con los comentarios del presidente en una conferencia de prensa.

Por esta misma conducta también fueron responsabilizados Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República; Sigfrido Barjau de la Rosa, titular del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie); Jenaro Villamil, entonces presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR); Jessica Ramírez, directora general de Comunicación Digital y Pedro Daniel Ramírez Pérez, jefe de departamento adscrito a la citada Coordinación.

Estas personas servidoras públicas, también incurrieron en uso indebido de recursos públicos, porque son las responsables de la transmisión y difusión de las “Mañaneras” y emplearon recursos humanos y materiales para ello.

El coordinador de Comunicación Social y el titular de CEPROPIE incurrieron, a su vez, en difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.

Morena, PT y PVEM no obtuvieron un beneficio indebido por estas conductas, pues no se acreditó que tuvieran conocimiento de las conductas denunciadas y omitieran desplegar acciones para que cesaran sus efectos.

El Presidente de la República no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se declara su responsabilidad, de acuerdo con criterios emitidos por la Sala Superior de este tribunal.

En el caso de Sheinbaum Pardo, se dio vista al Congreso de la Ciudad de México para que determine lo que en derecho corresponda; en del Villamil Rodríguez, al Órgano interno de Control del SPR y en el caso del resto de las personas servidoras públicas, al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República.

Redacción