La Cámara de Diputados aprobó con 430 votos en pro, cero en contra y una abstención, el dictamen que expide la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la cual reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Señala que en ejercicio de su libre determinación, tendrán el derecho de autodefinirse bajo el concepto que mejor se adapte a su historia, identidad y cosmovisión.

El dictamen, que también abroga la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La nueva ley crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, con sede en la Ciudad de México.

El objetivo de ese organismo es definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de estas comunidades, así como su desarrollo integral y sostenible, y el fortalecimiento de sus culturas e identidades.

Entre sus atribuciones y funciones estará el definir los lineamientos normativos que permitan conducir y orientar las políticas públicas; aprobar y participar en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que realicen las dependencias, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos, resaltó que en México, por fin, los indígenas y afromexicanos serán atendidos, escuchados y, sobre todo, se les devolverá su lugar en la historia.

Con información de: Cámara de Diputados