El fiscal general de Brasil investiga las acusaciones de que un poderoso legislador recibió sobornos para ayudar a que se otorgaran contratos para la construcción de sedes y otras obras para los Juegos Olímpicos del próximo año en Río de Janeiro.
En documentos obtenidos por la agencia AP, el fiscal general Rodrigo Janot acusa a Eduardo Cunha, portavoz de la mayoría en la cámara de diputados de Brasil, de recibir 1.9 millones de reales (475 mil dólares) de la compañía de construcción OAS para redactar legislación favorable a la empresa.
Cunha ha dicho a medios locales que las acusaciones son “ridículas”. OAS rehusó comentar.
La investigación es la primera sobre corrupción en los proyectos olímpicos, que han costado al país miles de millones de dólares.
OAS está involucrada en la construcción de las sedes de BMX, ciclomontañismo y canotaje en Deodoro, en el norte de Río, el segundo conjunto más grande de sedes olímpicas.
La empresa también está encargada de la construcción de carriles expreso para autobuses, el proyecto de remodelación del puerto de Río a un costo de 8 mil millones de reales (2 mil millones de dólares), y obras para limpiar las contaminadas aguas en Barra da Tijuca, la zona donde se construye el principal parque olímpico.
Según el sistema legal brasileño, el fiscal es más que nada un investigador y depende de un tribunal —en este caso la Corte Suprema— aceptar el caso.
En el informe de 190 páginas, Janot dice que Cunha “manejó la cámara de diputados como un centro para intercambiar legislación por sobornos”.
El informe señala que Cunha promovió legislación aprobada en 2012 que otorgó exenciones contributivas a todas las obras de construcción relacionadas con los Juegos, y que eximió de contribuciones a algunos bienes importados necesarios para los Juegos.
La rama ejecutiva del gobierno brasileño calculó que las exenciones contributivas sumaron 3 mil 800 millones de reales (mil millones de dólares).
Janot también dijo que Cunha utilizó “su puesto como legislador para redactar legislación favorable a los negocios que perjudicó el interés público”. Describió a Cunha y a un ejecutivo de OAS como participantes de “una organización criminal”.
“Al menos desde 2012, Eduardo Cunha ha actuado ilegalmente a nombre de las corporaciones, ‘vendiendo’ legislación para beneficio de ellos”, señala el informe. “Eso demuestra que no puede seguir en su cargo”.
Cunha fue nombrado portavoz de la mayoría este año, y ha sido relacionado con varios escándalos, al mismo tiempo que encabeza un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Esta investigación es la más reciente mala noticia para un país que atraviesa una recesión económica, cuya presidenta encara un juicio político, donde hay una pesquisa por sobornos y corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.
Mientras, los organizadores de los Juegos intentan rebanar 2 mil millones de reales (500 millones de dólares) del presupuesto operacional de 7 mil 400 millones de reales (mil 900 millones de dólares).
En los documentos obtenidos por la AP, Cunha es citado diciendo a un ejecutivo de OAS que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, estaba “contento” con la legislación que él redactó porque “abarca todos los proyectos de construcción en Río”.
Paes, quien espera que los Juegos sirvan como trampolín para una campaña presidencial en 2018, no es acusado de ningún delito en el informe del fiscal general.
