Fijar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y considerar imponer multas o penas de cárcel por incumplir con esta medida genera atentaría contra los derechos humanos y tensión social, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Después de que el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, enviara al Congreso de su estado esta iniciativa para que se sancione con más de 40 mil pesos de multa a quienes no usen cubrebocas en espacios públicos, López-Gatell respondió con estas declaraciones.
“Cuando se le hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del estado, no necesariamente la fuerza pública (…) y eso en un país que ha sido desolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, con una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar los derechos humanos“, manfiestó.
En ese contexto, señaló que el gobierno federal no apoya esta iniciativa cohercitiva, que además, explicó, es una herramienta que si bien funciona como auxiliar para no contagiar a otras personas y es recomendable para cuando se está en espacios cerrados, por lo que no protege del contagio ni es más efectivo que otras acciones como el distanciamiento social.
López-Gatell detalló que, aunque se respeta la soberanía del Estado de Colima, se analizará si una autoridad local tiene competencias legales para dictar medidas extraordinarias como esa.
