El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) sostuvo que se tratan de una “guerra sucia” las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 830 de pesos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la gestión de Delfina Gómez, hoy aspirante a la gubernatura del Estado de México.

“Es una ´guerra sucia´, seguramente por temas políticos y que no es válido, es completamente perversa y falsa esa información, que busca descalificar y que nosotros desde la Cámara de Diputados, la responsable de fiscalizar el gasto público, no estamos avalando y hoy desmentimos que efectivamente esto sea una obligación que tenga que solventar la maestra Delfina”, externó en declaraciones a representantes de medios de comunicación.

Explicó que los recursos señalados por la ASF son autorizados y ejercidos por las autoridades de cada plantel escolar, por lo que son ellas quienes están obligadas a solventar estas observaciones.

Precisó que estas observaciones corresponden directamente al ramo 11 a través del U06, lo que significa que son subsidios que se envían a las universidades, a las pretécnicas, a nivel medio superior y superior a través de un convenio y es facultad de la ASF fiscalizar el gasto público en todos los que reciban recursos federales.

“Entonces es falso que esas observaciones sean responsabilidad de la maestra Delfina. Ella, con el convenio que firmó de los subsidios para transferir recursos a las universidades, prácticamente está solventando y a quien le corresponde hoy la carga es a los rectores de esas universidades y que están en la etapa de solventar”, señaló.

No obstante, Daniel Gutiérrez reconoció que sí hay cosas que solventar, pero la mayoría se refiere al pago de maestros y maestras o gastos operativos, y que sin duda tendrá su procedimiento.

Reiteró que no es obligación de la maestra Delfina Gómez aclarar esta situación y puede continuar haciendo campaña.

Cuestionado sobre el proceso de renovación de los cuatro consejeros del INE, el diputado de Morena dijo que se está a la espera de una convocatoria, avalada por todas las fuerzas políticas, apegada a la legalidad, de manera imparcial y que garantice que estos funcionarios actuarán en favor de México y la democracia, dando certeza a las elecciones.

Redacción