Un nuevo escándalo de los integrantes de la cuarta transformación ha trascendido en medios de comunicación dejando al descubierto una serie de irregularidades, saqueos y nepotismo ahora en el congreso del estado de Durango a través de diputados morenistas.
De acuerdo a una columna publicada por el periodista Fernando Miranda Servín el pasado 12 de febrero, se da cuenta de una serie de irregularidades cometidas por la legisladora morenista Sandra Amaya y el ex legislador Iván Gurrola Vega.
En la publicación que cita fuentes de trabajadores en el congreso del estado de Durango que pidieron la gracia del anonimato por temor a represalias, el columnista explicó cómo se condujo la legislatura 2018 – 2021 la cual se caracterizó por la opacidad, el nepotismo y la corrupción.
En este contexto, se detalla que los legisladores de izquierda coordinaron la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso duranguense (JUGOCOPO) y distribuyeron los recursos del Congreso de la entidad a su antojo que ascienden a los 300 millones de pesos anuales durante 3 años lo que alcanza casi los mil mdp.
Las fuentes del columnista revelaron que la morenista “Sandra Amaya metió en la nómina del Congreso a su papá y a su hermano Iván, junto con el ex diputado Iván Gurrola integraron a la nómina a más de 80 incondicionales y, bajo presiones, fueron sindicalizados con menos de seis meses de estar trabajando, cuando hay trabajadores en el Congreso que llevan más de diez años laborando y no han logrado su sindicalización”, exhibe el articulista.
Tras el nepotismo exhibido, Miranda Servín del periódico Raza Cero apuntó que además de inflar los sueldos de los allegados de los morenistas, hubo un tráfico de influencias al designar al personal que sirvió durante la citada legislatura en puestos como magistraturas y hasta plazas de base pese a que no cumplían los requisitos necesarios para ser sindicalizados:
En esta legislatura inflaron los sueldos de los recomendados de Sandra Amaya, Iván Gurrola y los demás diputados morenistas y petistas. El ex Secretario General, Gerardo Bonilla, fue sindicalizado y hoy es magistrado en el Poder Judicial del Estado de Durango. Luisa Hernández Quiñones, ex directora de Recursos Humanos y hermana de la actual regidora morenista, Cynthia Monserrat Hernández Quiñones, de manera ilegal fue sindicalizada y ahora es jefa de departamento”, denunciaron fuentes anónimas al periodista.
“En Recursos Materiales del Congreso, Daniela Núñez Herrera, jefa del departamento de Recursos Materiales, también fue sindicalizada y una de sus hermanas es una de las principales proveedoras del Congreso”, agregó Miranda Servín.
Por último, el columnista revela cómo la todavía legisladora de morena al contar con una diputación de representación proporcional cuenta con una serie de ingresos vía el congreso del estado:
“Como presidenta de la JOGOCOPO recibía un sueldo de 78 mil 830 pesos mensuales, más un ‘extraordinario mensual’ de 100 mil pesos y un ‘apoyo extra’ de 60 mil pesos proveniente del gobierno estatal panista; aparte de estas cifras, Sandra Amaya recibía por otros conceptos como ‘comisión de contraloría interna’, ‘uso de vehículo propio’, ‘comisiones’, ‘deporte y medicamento’, ‘asesorías’, ‘apoyo extraordinario’ y ‘junta de gobierno’ un monto de más de 160 mil pesos, dando un total de casi 400 mil pesos mensuales, más 240 mil pesos mensuales para que los repartiera entre los diputados de su fracción partidista”, y agregó:
“El ex diputado Iván Gurrola Vega no se quedó atrás y los ex trabajadores del Congreso detallan: “Iván Gurrola con su sueldo de 78 mil 830 pesos mensuales más los conceptos que ya mencionamos y el ‘apoyo extra’ de 60 mil pesos del gobierno de José Rosas Aispuro, recibía mensualmente la friolera de 379 mil pesos”.
Por último, el periodista destaca la presunta complicidad del gobernador de extracción panista José Aispuro para celebrar este tipo de acuerdos.
Con información de Raza Cero
