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A través de un comunicado, el senador panista explicó que esta decisión llega en un momento en el que se vive un incremento sostenido de la violencia que ha dejado un saldo trágico de víctimas mortales y de personas desaparecidas.

En ese sentido, resaltó que recientemente organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado fallas en la metodología, exclusión de víctimas y riesgo de subregistro y que se reduce la crisis a trámites administrativos, lo cual señaló que genera una percepción distorsionada de la magnitud del problema.

Acotó que actualmente, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, junto con el constante hallazgo de fosas clandestinas, revelan una crisis que sigue desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades.

Por ello, como Senador de la República hizo un llamado para que México como Estado Parte de la Convención abra un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y con los mecanismos especializados de la ONU, en el cual participen expertos independientes, sociedad civil y víctimas, con la finalidad de identificar causas estructurales, los patrones de impunidad y los vacíos institucionales que a lo largo de los años han permitido que esto se haya incrementado.

"En lugar de desacreditar esta determinación del Comité, debemos de recibirla con seriedad y con la convicción de que los organismos internacionales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en el acompañamiento y la exigencia de estándares mínimos a todos los Estados Parte. México como Estado Parte tiene que permanecer comprometido con la Convención y a su vez el gobierno mexicano no puede ni debe cerrar los ojos ante una realidad que afecta y duele a todos los mexicanos, se tiene que prevenir, erradicar y sancionar de la manera correcta", finalizó.

Redacción