Acusan al gobierno morenista de Lorena Cuéllar de intentar someter al transporte público federal a intereses políticos locales

La pretensión del gobierno del estado de Tlaxcala por intervenir en carreteras de competencia federal, argumentando la mejora del transporte, refuerza la idea de que no se dará el servicio que merecen los

 

 

La pretensión del gobierno del estado de Tlaxcala por intervenir en carreteras de competencia federal, argumentando la mejora del transporte, refuerza la idea de que no se dará el servicio que merecen los usuarios, sino que se dará paso a un manejo político-electoral del sector, afirmó el Director General de Corresponsabilidad en el Transporte, S.C., Arturo Balderas Moyano.

 

Balderas Moyano recordó que solicitaron audiencia al director del Centro SITC-Tlaxcala, Cutberto Benito Cano Cóyotl, así como al Secretario de Movilidad y Transporte de la entidad, Marco Tulio Munive Temoltzin, con la finalidad de exponer su preocupación por una acción gubernamental que implicaría la violación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

 

Destacó que dichos encuentros ya se realizaron, sin embargo, la instancia estatal insiste en el convenio firmado con la SICT es sólo “un convenio macro” y que no hay todavía nada en firme para la regulación del autotransporte de pasajeros en carreteras federales por parte de la autoridad estatal.

 

No obstante, ello se contrapone a la publicación de la “Declaratoria de Necesidad del Servicio de Transporte Público en el Tramo Carretero Apizaco-Tlaxcala” publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de septiembre de 2024, y que, de concretarse, implicaría centralizar el esquema de operación del servicio de transporte de pasajeros y que para que responda a intereses políticos electorales y no a las necesidades reales de los usuarios.

 

Arturo Balderas enfatizó que, para la organización que representa, es necesaria la mejora continua del servicio como lo merecen los usuarios, sin embargo, es indispensable que dichas acciones se hagan respetando las competencias de cada instancia de gobierno.

 

“Contrario a lo que señala la fracción I del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, las rutas anunciadas por la autoridad Estatal no complementan el recorrido Estatal con el Federal, (…) la autoridad debió señalar con toda precisión en su convocatoria, los puntos de salida, de recorrido y llegada contabilizando pormenorizadamente cada punto, calles, privadas carreteras, kilometrajes, etc.,  pues si es una declaratoria de necesidad ello implica que, previamente ya hubo un estudio de ingeniería de tránsito Estatal (…), destacan en el documento entregado al Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Tlaxcala, Marco Tulio Munive Temoltzin.

 

Ante esta situación, la organización Corresponsabilidad en el Transporte, S.C. entregó el pasado 27 de junio un documento a la SMT en el que propuso:

 

  1. Transparentar los oficios de consulta y respuesta por los que la SMT concluye que la SICT no regula los tramos carreteros federales que considera la Declaratoria de Necesidad, respecto a la operación del autotransporte federal de pasajeros.

  2. Conocer el estudio que determina las deficiencias operativas en la prestación de los servicios de autotransporte de pasajeros en los tramos referidos en la misma Declaratoria estatal.

  3. En caso de no existir el referido estudio, conocer el anteproyecto correspondiente, previo a su aplicación en los tramos carreteros federales que correspondan.

  4. Que todo programa de mejora de los servicios de autotransporte de pasajeros en los tramos carreteros de jurisdicción federal, cuyo origen y destino sean de competencia de la SICT, sean diseñados y ejecutados por dicha dependencia federal conforme a sus facultades de Ley, en coordinación con la SMT y la participación de los transportistas involucrados en la prestación del servicio, así como de otros organismos o entidades de carácter público o privado.

 

Es indispensable otorgar a los usuarios el servicio que merecen, pero sin utilizar al transporte público como un instrumento político electotal, reiteró el director general.

 

Redacción

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