En recientes días, familiares de mujeres desaparecidas, secuestradas o asesinadas se han manifestado frente a casas de gobierno de diferentes estados (entre ellos Estado de México, Guanajuato, Baja California, Colima, Morelos y Sonora) en una misma voz “ni una más” (o ni una menos), grupos civiles han pedido que se emitan alertas de género, por el considerable aumento de feminicidios.
En definición del Instituto Nacional de las Mujeres el término feminicidio se refiere a “los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres. Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono”.
Animal Político reporta que en los últimos seis años se han registrado más de mil novecientos asesinatos de mujeres y niñas, casi la mitad de ellas asesinadas con armas de fuego.
En 2007, durante la presidencia de Felipe Calderón, la alerta por la violencia hacia las mujeres hizo necesaria la promulgación de una nueva ley llamada “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, esta ley fue creada “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación”.
En ella se contempla la posibilidad de emitir “alertas de género” en los municipios o estados en los que los casos reportados de feminicidios aumenten considerablemente, dicha alerta compromete al gobierno a dedicar especial atención y recursos para la erradicación y prevención de estos delitos, sin embargo, en ninguno de los estados mencionados se ha declarado la alerta, a pesar de que las cifras aumentan considerablemente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia contra la mujer es ocasionada por factores como: “un bajo nivel de instrucción, el hecho de haber sufrido maltrato infantil o haber presenciado escenas de violencia en la familia, el uso nocivo del alcohol, actitudes de aceptación de la violencia y las desigualdades de género, el hecho de haber presenciado escenas de violencia entre los progenitores, la exposición a maltrato durante la infancia”.
La violencia se acepta como una conducta normal y permitida, el 35 % de las mujeres en el mundo han sufrido violencia, el impacto de este tipo de violencia lacera la base de la sociedad, que es la familia, la mayoría de estas agresiones son cometidas por la pareja.
La violencia no es de ninguna manera una vía, para corregir, educar o manifestar inconformidad, en ninguna esfera de la sociedad y menos en los núcleos familiares, los gobiernos deben asumir la responsabilidad que les corresponde y promover políticas y leyes que garanticen la equidad de género, hombres y mujeres son parte de la humanidad y lo mínimo es promover el respeto de sus derechos.
Las consecuencias de la violencia de género llegan hasta el suicidio y homicidio y se transmiten a las siguientes generaciones, las mujeres deben tener consciencia de que la violencia no es una conducta normal ni aceptable, el Estado tiene la obligación de terminar con la inequidad de género, ofrecer apoyo e involucrarse profundamente en la prevención, las condenas a estos actos deben ser más severas, deben investigar todos los casos de desapariciones y por supuesto, los feminicidios que se realizan todos los días en nuestro país.
La equidad no se trata de poner el mismo número de representantes en la política, se trata de proporcionar herramientas para que la cultura misógina se erradique en todos los sectores de la sociedad y se atienda principalmente a los más vulnerables, ya que la pobreza y el bajo o nulo nivel escolar son factores que acentúan estas conductas.
