Cada día es más evidente la profunda y perversa traición que el Obradorato ha infligido a los ideales históricos de la izquierda mexicana.
La ideología política que durante décadas exigió el esclarecimiento de los hechos del 2 de octubre del 68 y el fincamiento de responsabilidades sobre los mandos militares y civiles que ordenaron disparar sobre los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, tuvo que soportar el tremendo insulto lanzado desde el púlpito presidencial.
El presidente decidió exonerar de cualquier responsabilidad histórica a los miembros del ejército, con el pretexto de que recibieron órdenes.
Esa afrenta es tan grotesca, que seguramente llenó de vergüenza y rabia a los miles de sobrevivientes y a los miles de familias que vieron morir a sus hijos, compañeros y amigos, bajo las balas del Ejército.
En el caso Ayotzinapa la traición parece estar incluso, en los límites de la ilegalidad.
Gracias al reportaje publicado por John Gibler de Quinto Elemento Lab, pudimos saber que el presidente, el secretario de gobernación, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el subsecretario de Derechos Humanos, se pusieron de acuerdo para eliminar al Fiscal Especial, Omar Gómez Trejo, y para cancelar las órdenes de aprensión dictadas contra 16 militares y, en cambio, judicializar en menos de 24 horas el expediente en contra del exprocurador Murillo Karam.
Con esa maniobra López Obrador generó las condiciones para otorgar impunidad a los militares, pero, sobre todo, generó las condiciones para evitar que el reclamo del Grupo de Expertos Independientes, de ocultamiento de información pudiera tener alguna posibilidad de satisfacción, condenando a los padres del caso Ayotzinapa a desconocer la verdad y negándoles el derecho humano fundamental de acceso a la justicia pronta, expedita y completa.
El tema de los fideicomisos del Poder Judicial Federal resultaría de escándalo para cualquier militante de izquierda en el resto del mundo.
Un gobierno dispuesto a arrebatar derechos a los trabajadores tendría que ser reclamado con la misma intensidad con la que, en su tiempo, se reclamó la afectación a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro o de Mexicana de Aviación.
Un gobierno que cancela derechos laborales, sin justificación y con las acusaciones e infamias que lanza diariamente el presidente, son propios de gobiernos autoritarios y no de gobiernos que se inscriben en la izquierda.
¿Puede llamarse de izquierda un gobierno que traiciona así las causas históricas de la lucha de los colectivos que se asumen en ese espectro ideológico?
¿Puede llamarse de izquierda un gobierno que abandona a su suerte a las personas más vulnerables y que les regatea los recursos públicos a los que tienen derecho, para privilegiar caprichos presidenciales?
Yo creo que no, por lo que se acredita una vez más que este gobierno, incluidos sus funcionarios y legisladores federales si roban, si mienten y si traicionan.
