Tal como anunciamos durante la irresponsable discusión y el simulacro de proceso legislativo por el que, en la Cámara de Diputados, se aprobó el Plan B Electoral del presidente López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las reformas a las leyes en materia de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

El gobierno y sus corifeos reaccionaron con furibundos ataques en contra de la Corte, ataques que giraban en torno a una descalificación absurda consistente en cuestionar la calidad democrática del Poder Legislativo, a partir de la premisa de que los ministros, magistrados y jueces no provienen de elecciones populares.

De inmediato, el presidente anunció que para lograr que la Corte dejara de ser un obstáculo para su proyecto autoritario de país, llamaría al voto a favor de su partido para ganar la mayoría calificada en el Congreso y, con ello, poder realizar la reforma constitucional que removiera a la Corte como obstáculo e hiciera a un lado el mecanismo de contrapesos propio de las repúblicas representativas.

Los defensores de la tesis presidencial intentan demostrar que el fallo de la Corte es un acto ilegal, que invade facultades del Legislativo y que se dictó con el único propósito de defender privilegios. Veamos parte de sus argumentos:

Sostienen que la Corte no tiene facultades para evaluar si un asunto legislativo se encuentra o no suficientemente discutido ya que esa es una facultad del Pleno de la Cámara respectiva.

Es evidente que el Pleno de las Cámaras tiene la potestad de decidir si un asunto fue suficientemente discutido; sin embargo, para que esa facultad se concrete, es decir, para que sea posible ejercerla, es necesario que antes se hayan agotado los procedimientos que permitan la deliberación democrática.

México fue testigo de que en el caso de las reformas del Plan B, las mayorías parlamentarias se dedicaron a cumplir la consigna de Palacio sin permitir el razonamiento, la discusión, la deliberación y la construcción de mayorías, sin importar qué era lo que se estaba aprobando y renunciando a su representación política y, por lo tanto, a su capacidad de ejercer todas sus facultades reglamentarias.

Otro argumento de ataque a la Corte es que el procedimiento parlamentario de “dispensa de trámites” se encuentra perfectamente regulado en la normatividad interna de la Cámara.

Sin embargo, el ejercicio de esa potestad tiene que realizarse en el marco de la legalidad a la que están obligadas todas las autoridades del país.

Todavía hoy no queda clara la urgencia y la razón para explicar las prisas que provocaron la aplanadora inconstitucional de morena, el verde y el pt.

Prefirieron renunciar a sus obligaciones deliberativas y dañar de raíz un proceso que pudieron haber desahogado de manera legal.

Evidentemente no entienden la profundidad democrática de la deliberación parlamentaria.

Con esa concepción política de López Obrador y sus empleados, el debate estorba y el disentir les ofende.

Debatir significa hacer públicas las razones para que el pueblo pueda valorarlas.

Rechazar el debate como un componente esencial en la toma de decisiones legislativas, equivale a legislar de espaldas al pueblo.