Los Comités Ejecutivo Nacional del PAN y el Directivo Estatal de Veracruz denunciaron la persecución política contra el senador electo Miguel Ángel Yunes y su familia por parte de la gobernadora electa Rocío Nahle, mediante acusaciones falsas, difamaciones, artimañas legales, violando claramente el Estado de Derecho y el uso de la Fiscalía para perseguir y amedrentar a opositores.

Los presidentes Marko Cortés Mendoza y Federico Salomón Molina demandaron a Rocío Nahle y a su jefe López Obrador que ya pare esta persecución, porque está incurriendo en abuso de autoridad y violando claramente la ley, al declarar que intervendrá ante la Fiscalía General del Estado para evitar que el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez rinda protesta de su cargo y al pedir se reactive el proceso penal en su contra para proceder a detenerlo.

Las dirigencias nacional y estatal en Veracruz consideran que esta declaración es más que un abuso y encierra toda una visión autoritaria del ejercicio del gobierno y es una violación al estado de Derecho, ya que una gobernadora electa de ninguna manera puede dictar instrucciones al Fiscal, que se supone tiene autonomía.

Asimismo, esta dejando muy claro que pretende regirse bajo un régimen autoritario, pues ya dijo que va a gobernar con el garrote en la mano y perseguirá a cualquiera que se atreva a disentir, pretendiendo así intimidar a quienes desde la oposición tenemos derecho a mantener y sostener visiones distintas del rumbo de México y de Veracruz.

La persecución política en contra del senador Yunes la sustentan burdamente en su intención de ser candidato a Presidente Municipal de Veracruz en el año 2021, argumentando que no vive en este municipio, cuando tanto el Tribunal Federal Electoral, como el INE y el propio juez que siguen esta causa reconocen que tiene su domicilio en el estado, es decir, no hay delito alguno, solo una clara intención política de frenar su llegada al Senado.

Es igualmente contradictorio que Nahle acuse al Senador Yunes Márquez de violar la ley por no tener domicilio en Veracruz, cuando ella es originaria de Zacatecas y nombró como secretario de Gobierno a un ciudadano nacido en Hidalgo.

Es también contradictorio que la gobernadora electa pida que se aceleren procesos en contra de sus adversarios, pero no solicite que se esclarezcan las investigaciones de miles de homicidios, feminicidios, crímenes contra periodistas, así como de cientos de miles de robos y extorsiones.

Tampoco ha solicitado a la autoridad competente que se aceleren las investigaciones en las casi 40 denuncias que han sido presentadas en su contra por enriquecimiento ilícito, corrupción y otros delitos, por lo que solicitamos que se le investigue por estos delitos.

Ambas dirigencias de Acción Nacional demandan que la Fiscalía General del Estado actúe libre de presiones, que ejerza su autonomía y no sea utilizada con fines de persecución política. Hacerlo, como lo están haciendo, corresponde a un régimen autoritario, no a una democracia.

Redacción