PAN advierte que morena pretende ganar elecciones de la mano del narco; insistirán en reformas que cierren el paso al C.O. en las elecciones
El PAN mantiene firme su propuesta de 80 a 140 años de cárcel para candidatos con historial o nexos criminales para la contienda del 2027.
Así lo dijo la Diputada Laura Álvarez Soto, al sostener la urgencia de cerrarle el paso a los narcopolíticos y a los narcogobiernos que, hoy en día, son de Morena.
“No vamos a dejar que el crimen organizado capture las elecciones. Lo que está ocurriendo en Chihuahua nos deja una lección para todo México: necesitamos reglas electorales que sean constitucionalmente sólidas y que permitan reaccionar cuando haya evidencia de intervención criminal”.
Agregó que, no se trata solamente de quién gana una elección; se trata de quién tiene capacidad de decidir quién puede competir.
Desde el PAN se propone blindar las elecciones desde la fiscalización reforzada de recursos de campañas, investigación financiera y de vínculos criminales de candidatos cuando existan elementos objetivos.
Así como protección efectiva de candidatos amenazados, para que el crimen no pueda eliminar competidores mediante violencia.
“Causales claras de nulidad electoral cuando se pruebe que la delincuencia organizada intervino y esa intervención fue determinante en el resultado”.
Una democracia en la que el narco decide quién compite deja de ser una democracia para ser una narcocracia.
La panista precisó que la SCJN una vez más le falló a México y con sus resoluciones a modo, abraza a los delincuentes y pone en riesgo a los ciudadanos.
“Todos queremos blindar el voto ciudadano frente al dinero, amenazas, violencia o presión del crimen organizado. Pero la SCJN blindó intereses políticos y complicidades”.
La reforma que se hizo en Chihuahua buscaba responder a un problema real: evitar que una elección pudiera ser alterada mediante violencia, intimidación, financiamiento o influencia indebida.
Añadió que Acción Nacional respalda a Maru Campos y coincidimos con la preocupación de la gobernadora Maru Campos: las elecciones tienen que estar blindadas contra cualquier intervención del crimen organizado.
La democracia no puede quedar a merced de quienes tienen dinero, armas o capacidad de intimidación.
Maru Campos sostuvo después de la sentencia que la reforma buscaba precisamente que quien ganara una candidatura con dinero, amenazas o armas del crimen no pudiera conservarla.
La Corte, al invalidar que vínculos con la delincuencia produjera automáticamente la pérdida del registro, vuelve a dejar la ley ambigua y con vacíos que ayudan a los delincuentes.
