La aprobación de la Ley de Amnistía en el Senado de la República por parte de Morena y sus aliados, representa un duro golpe al Congreso de la Unión, única institución constitucionalmente autorizada para conceder amnistías, aseveró la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge.

En este sentido, señaló que esta medida abre la puerta para que el Ejecutivo federal haga uso discrecional de una facultad que no le corresponde.

“La reforma plantea consecuencias aberrantes: la amnistía será otorgada únicamente por decisión del Ejecutivo, sin intervención del Congreso. Esto implica un exceso de poder que podría ser mal utilizado para liberar a cómplices y secuaces”, advirtió.

La panista anunció que como oposición acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que pasen estas modificaciones que le dan poder discrecional al Ejecutivo federal y dejan a un lado a las víctimas.

También destacó que “esta situación es sumamente preocupante, ya que deja al arbitrio del gobierno en turno la liberación de delincuentes condenados, lo que podría resultar en un aumento de la violencia y la destrucción en nuestras calles”, enfatizó.

Cruz Blackledge señaló que esta reforma legitima posibles complicidades gubernamentales, así como posibles vínculos de los poderosos con grupos criminales que capturan al Estado y que ahora gozarían de amplia y total impunidad, para hacer y deshacer a su antojo.

“La Ley de Amnistía es la continuidad de la política del gobierno desde el principio: abrazos, protección e impunidad para los criminales; mientras que para la ciudadanía solo hay agresiones, balas y muerte”, acusó la legisladora panista.

Explicó que la aprobación de esta reforma inconstitucional nos estará llevando a una espiral de violencia sin control, con el potencial de incrementar trágicamente la cifra de 180 mil vidas perdidas durante este gobierno, debido a la incompetencia, negligencia criminal y descuido en materia de seguridad pública”.

Acusó que, con el respaldo a este proyecto, se estará liberando a individuos que podrían actuar en el proceso electoral de manera letal, como lo demuestran los 27 casos de personas asesinadas por aspirar legítimamente a un cargo de elección.

Finalmente cuestionó si se ofrecerá amnistía a 31 mil personas privadas de libertad a cambio del voto o: “¿será acaso que el Presidente tiene compromisos ya contraídos? Serán las víctimas y el pueblo bueno y sabio quienes los juzguen”.

Redacción