COPARMEX exhibe que paquete económico de Sheinbaum mantiene presiones sobre finanzas públicas
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) acusó que el Paquete Económico 2027 mantiene una ruta fiscal que ofrece poco margen de maniobra para impulsar el crecimiento.
La organización empresarial sostuvo que aunque el déficit baja de 4.1% a 3.9% del PIB, supera el 2.9% del PIB que se destina a inversión pública: en los hechos, estamos usando deuda para financiar gasto corriente y no inversión productiva.
El organismo empresarial acotó que lo anterior se suma que el saldo total de la deuda pública alcanza 55% del PIB, el porcentaje más alto desde 1990. Ante este escenario, es indispensable que el presupuesto priorice el saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones necesarias para impulsar un mayor crecimiento económico. Al mismo tiempo, observamos que el espacio fiscal se reduce conforme aumentan los compromisos ineludibles del presupuesto. El costo financiero de la deuda alcanza 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8%. A ello se suman 2.48 billones de pesos para pensiones, equivalentes a dos de cada diez pesos del presupuesto y a 6.2% del PIB.
En materia de ingresos, COPARMEX destacó que valoran que el Paquete no incorpore nuevos impuestos ni aumentos generales en las tasas; sin embargo, advertimos que la estrategia recaudatoria incrementa la carga para determinadas empresas. Las modificaciones amplían la base del ISR para personas morales con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y establecen nuevos límites a las deducciones y la amortización de pérdidas fiscales. Aunque se concentran en empresas que superan dicho umbral, pueden afectar a aquellas que, aun con altos ingresos, operan con márgenes reducidos. Esto podría generar una utilidad fiscal y una obligación de ISR distinta a su realidad financiera, afectando especialmente a empresas endeudadas, reduciendo los incentivos para invertir e incluso limitando su supervivencia.
Reconocieron, en contraste, la reducción de 12% en el costo del espectro radioeléctrico, una medida que COPARMEX plantea desde 2024 para impulsar la conectividad y que coincide con una de las barreras no arancelarias identificadas por Estados Unidos durante la revisión del TMEC. También valoramos los incrementos reales previstos para seguridad, educación y salud: 3.9% en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 6.6% en la Secretaría de Educación Pública y 4.8% en la Secretaría de Salud, además de 9.8% para el IMSS.
Añadieron que el escenario macroeconómico plantea un ajuste al rango de crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para 2027 (de 1.9% a 2.9%), más cercano al 1.8% que estima el mercado. Es positivo que la SHCP haya adoptado supuestos más creíbles respecto a los Pre-Criterios; sin embargo, las condiciones económicas actuales y el bajo ánimo para invertir siguen limitando nuestras posibilidades de crecimiento.
Sentenciaron que el cumplimiento de las metas fiscales depende de un mayor crecimiento, menores presiones inflacionarias y financieras, y una recaudación tributaria que aumentaría 5.9% real hasta alcanzar un máximo histórico de 15.9% del PIB. Si estos supuestos no se cumplen, el Gobierno enfrentará menores ingresos, un mayor costo financiero o recortes durante el ejercicio. Esto podría elevar el déficit y la deuda, o reducir aún más el margen para seguridad, salud, educación e infraestructura.
Por último, la COPARMEX propuso crear un Consejo Fiscal Independiente, con autonomía técnica para evaluar los supuestos macroeconómicos, las estimaciones de ingresos y gasto, los riesgos fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública. No sustituiría las facultades de la SHCP ni del Congreso: aportaría una valoración imparcial de las proyecciones oficiales, permitiría anticipar desviaciones a tiempo y fortalecería la credibilidad de la política fiscal.
En esa misma lógica de credibilidad, esperamos un combate frontal y efectivo contra quienes emiten facturas falsas y contra quienes las adquieren, sin distinción entre el sector público y el privado. Compartimos ese objetivo; lo que hace falta es que se ejecute, y no que se sustituya por fórmulas generales que terminan alcanzando a las empresas que sí cumplen.
