El respaldo de Acción Nacional a la reforma al 21 Constitucional responde al rotundo fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” implementada por la administración anterior, señaló el senador Mario Vázquez. El legislador advirtió que, para obtener resultados diferentes en seguridad, es necesario aplicar acciones diferentes, lo que hace urgente un cambio en el enfoque de la política pública. «Esta reforma busca transformar el enfoque de seguridad y devolver la tranquilidad a las familias mexicanas», subrayó.
El fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” es evidente y ha sido señalado por diversos sectores, incluyendo actores internacionales. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ha destacado en reiteradas ocasiones el aumento alarmante de la violencia en México, a pesar de las promesas del gobierno de López Obrador. Los resultados de esta política son devastadores: más de 200 mil homicidios, más de 50 mil desaparecidos y municipios sumidos en la violencia. Además, se registró la proliferación de al menos 20 nuevos grupos criminales, detalló el legislador por Chihuahua.
“No podemos seguir con promesas vacías mientras la violencia crece”, expresó Vázquez. Por ello, destacó el apoyo de Acción Nacional a la reforma al 21 Constitucional como un primer paso hacia el cambio de dirección en la política de seguridad. Esta reforma busca recuperar la paz en México y fortalecer la coordinación efectiva entre niveles de gobierno para enfrentar la crisis de inseguridad.
El senador también criticó fuertemente la negación de la realidad por parte del gobierno anterior, que ignoró la magnitud de la crisis de seguridad. “La estrategia fracasó al basarse en una negación de la realidad y en la militarización de la seguridad”, subrayó Vázquez. Mientras el gobierno federal centraba el control en el Ejército, las policías locales fueron abandonadas. De hecho, por cada peso destinado a las policías locales, la Guardia Nacional recibió tres veces más, mientras que el FORTASEG, fondo crucial para las autoridades locales, fue eliminado, lo que dejó a los municipios sin recursos para enfrentar la violencia.
«En 2018, los recursos de seguridad para los gobiernos locales sumaban 12 mil millones de pesos; en 2022, esa cifra descendió a menos de 8 mil millones. Y, mientras tanto, se prefirió gastar 550 mil millones de pesos en un tren, 70 veces más que en seguridad pública”, denunció Vázquez. Este desajuste de prioridades agravó la crisis de seguridad en muchas regiones del país.
Vázquez afirmó que la reforma al 21 Constitucional marca un giro hacia el fortalecimiento de la inteligencia, la tecnología y un mando civil en la seguridad pública, lo que aleja la idea de seguir priorizando la militarización. “La reforma apuesta por un enfoque moderno que utiliza herramientas efectivas para combatir el crimen, no la militarización”, destacó el senador, quien también se comprometió a colaborar con los gobiernos locales en la implementación de este cambio.
Finalmente, el senador hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, instándolos a reconocer que la responsabilidad de la seguridad no recae únicamente en los gobiernos locales. “La Federación también debe asumir su responsabilidad en el próximo presupuesto, con la recuperación del FORTASEG y mayores recursos para las policías locales. Basta de centralización y militarización”, agregó.
Como representante de Chihuahua, Vázquez recordó la importancia de respetar el Pacto Federal, garantizando que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para enfrentar la violencia que azota a las comunidades. “Los municipios no deben quedarse a su suerte. Nosotros seremos los primeros en cooperar, pero también en señalar deficiencias”, concluyó.
