El senador Alejandro Armenta confirmó que atenderá la recomendación para evitar que la controversia generada por los mensajes que le envió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, transcienda a otra esfera. 

Sin embargo, reiteró que estos mensajes representan no sólo un acto de presión contra su persona, sino una injerencia y una intromisión de un Poder a otro, sobre el trabajo que se realiza en el Senado. 

No fue una acción personal, puntualizó, es una conducta que no se puede admitir, ni del Poder Judicial al Legislativo, ni viceversa.

Recordó que, en su calidad de presidente de la Cámara de Senadores, presentó un escrito por el que solicitó a la ministra que le corroborara, bajo protesta de decir verdad, que los mensajes fueron productos de su autoría, pero que no ha recibido respuesta.

“Debo esperar a que la ministra me conteste por escrito, porque es un derecho constitucional que implica que un Poder me pueda remitir formalmente qué motivo su actuar”, expuso.

Aunque ella ya hizo pública una carta abierta a la opinión pública, dijo, “yo no me puedo dar por enterado” por lo que se publica en los medios; el derecho de petición amerita una respuesta, sostuvo.

“Voy a atender, sin duda, la recomendación respetuosa que me hace el señor Presidente, para evitar que se pueda trascender hacia otra esfera”, expresó.

El legislador aseveró que continuará presentando propuestas para reformar al Poder Judicial, especialmente para que sus integrantes sean elegidos de forma democrática, ya que responden al reclamo de la ciudadanía, pues no están de acuerdo con el dispendio de estos funcionarios.

En ese sentido, señaló que las y los magistrados ganan más que el Presidente de la República, lo cual representa una violación a la Constitución; “¿cómo es que alguien que protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución gana 300 mil pesos, cuando el Presidente gana 130 mil pesos?”, cuestionó.

Asimismo, Armenta destacó la declaratoria de constitucionalidad de la denominada “Ley 3 de 3”, la cual es un paso más para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

“La izquierda mexicana históricamente ha impulsado los derechos de las mujeres, y la izquierda mexicana ha encabezado los movimientos sociales en materia de derechos laborales y en materia de defensa de las mujeres, sin duda”, afirmó.

En el mismo sentido, celebró la constitucionalidad de la reforma para reducir la edad para acceder al cargo de diputado o diputada de 21 a 18 años, la cual es un acto de justicia social con las y los jóvenes, quienes son discriminados para acceder a cargos públicos.

Redacción