PAN CDMX advierte que el Plan General de Desarrollo de morena abre la puerta a las expropiaciones
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional y la Presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, Olivia Garza, advirtieron que el Plan General de Desarrollo (PGD) 2027–2047 presenta diagnósticos caducos, insiste en debilitar a los Comités de Participación Comunitaria (COPACOS), abre la puerta a expropiaciones sin reglas claras y carece de previsiones presupuestales para su implementación.
En conferencia de prensa, el Coordinador Parlamentario del PAN, Andrés Atayde advirtió que el Plan General de Desarrollo no puede analizarse de manera aislada, pues forma parte de una serie de instrumentos federales, metropolitanos y locales que, en conjunto, perfilan la política de vivienda y el tratamiento fiscal que pretende impulsar el gobierno.
Señaló que entre sus planteamientos se encuentran la actualización de los valores catastrales para acercarlos a los comerciales, lo que podría traducirse en un incremento del impuesto predial, así como la venta forzosa de propiedades mediante subastas públicas, entre otras medidas.
“El Plan General de Desarrollo no es un instrumento aislado. Viene acompañado de manera simultánea de otros productos, de otros instrumentos que nos hacen suponer que el gobierno de la Ciudad de México tiene un enfoque de cómo tratar el problema de la vivienda y qué tratamiento fiscal y normativo le quieren dar para resolver este problema”, sostuvo.
Ante este escenario, Atayde exigió que el análisis del documento se realice mediante un parlamento abierto, sin simulaciones, sin límites y sin sesgos, en el que todas las vecinas y vecinos puedan participar libremente, independientemente de si coinciden o no con la propuesta gubernamental. Asimismo, pidió que se otorgue el tiempo suficiente para su discusión, proporcional a la trascendencia de un instrumento que definirá el rumbo de la capital durante los próximos 20 años.
“No solamente es suficiente el parlamento abierto, sino otorgarle también el tiempo suficiente al debate, a la discusión, que este tiempo sea proporcional a la magnitud, a la relevancia de este documento”, enfatizó.
Por su parte, la legisladora Olivia Garza presentó un primer diagnóstico del documento, en donde criticó que el Gobierno capitalino modificó la vigencia del proyecto original, de 2025–2045 a 2027–2047, pero conservó estadísticas de 2019 y 2020, pese a que el INEGI ya cuenta con información más reciente, como la Encuesta Intercensal 2025 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024.
“Le cambiaron los años al documento, pero no actualizaron de manera consistente la información con la que pretenden gobernar el futuro de la Ciudad de México. Estamos planeando los próximos veinte años con una fotografía de hace siete”, cuestionó.
La Diputada alertó que el Gobierno insiste en debilitar a los Comités de Participación Comunitaria (COPACOS). Recordó que el proyecto original planteaba sustituir su modelo por Asambleas Vecinales y que la nueva versión propone institucionalizar la participación ciudadana como un cuarto nivel de gobierno, sin explicar cómo funcionaría ni qué atribuciones conservarían los COPACOS.
“Primero quisieron sustituir a los COPACOS. Ahora pretenden crear un cuarto nivel de gobierno sin explicar qué lugar ocuparían los comités. Cambiaron la fórmula, pero no han aclarado si buscan quitarles poder”, señaló.
También cuestionó que el PGD contemple una política de adquisición de terrenos y la creación de un Banco de Suelo, mecanismos que podrían abrir la posibilidad de expropiaciones sin establecer reglas claras sobre su aplicación.
En materia presupuestal, criticó que el documento no precise cuánto costará iniciar su implementación en 2027 ni cuánto aportarán los recursos públicos y la inversión privada, y ante esta omisión, el primer año del PGD correría sin recursos para su operación.
Respecto al procedimiento de elaboración, recordó que el proyecto original no fue aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación y que la nueva versión, aunque recibió ese aval, no fue sometida nuevamente a consulta ciudadana. Además, los anexos no permiten a cada participante identificar qué ocurrió con su propuesta.
“Pueden tener los votos de la mayoría oficialista para aprobarlo, pero una mayoría legislativa no subsana las irregularidades de un procedimiento legal. Si no corrigen estos vicios, un tribunal podría terminar echando abajo el Plan”, advirtió.
La Presidenta de la Comisión anunció que, una vez instaladas las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas, propondrá una mesa de trabajo con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para aclarar las inconsistencias identificadas antes de iniciar el análisis de fondo del documento.
