Justicia federal da revés a invasores de La Covadonga
El Primer Tribunal Colegiado con sede en el estado de Tlaxcala, negó de manera definitiva e inatacable la solicitud de Amparo a invasores del primer predio en La Covadonga, quienes no lograron demostrar que el terreno de 8.5 hectáreas -donde construyeron viviendas irregulares- se encuentra en el estado de Tlaxcala, informó Jesús González Schmal, apoderado de la Fundación Julita y Antonio.
Tres magistradas federales ratificaron la decisión del Tercer Juzgado de Distrito (también con sede en el estado de Tlaxcala) al considerar que los solicitantes no ofrecieron pruebas idóneas para demostrar la identidad de los bienes e incluso destacaron que, entre las mínimas pruebas ofrecidas, mostraron páginas de Facebook.
En el recurso de revisión 202/2026, los invasores pretendían que se cancelara la orden de demolición por parte de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, pues cabe recordar que el 19 de julio de 2025, la dependencia municipal ejecutó dicho proceso sólo en el 80 por ciento de las construcciones irregulares, por lo que quedó pendiente el derribo del 20 por ciento de los inmuebles en obra negra.
Por su parte, la Fundación Julita y Antonio sí presentó todas pruebas documentales al Tercer Juzgado de Distrito, entre las que destacan: escrituras, Certificado oficial de Libertad de Gravamen del estado de Puebla, Registro Catastral con base en la Carta Urbana vigente, Boleta Predial del municipio de Puebla y un levantamiento topográfico como prueba pericial.
Asimismo, la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla (SGyDU), rindió al mismo juez federal, el informe de su actuación en la demolición de construcciones irregulares en La Covadonga, con lo que se logró acreditar plenamente que el predio invadido desde abril de 2023 se encuentra en el municipio de Puebla.
Con este fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en el estado de Tlaxcala, suman 4 resoluciones del Poder Judicial Federal que han sido inatacables en beneficio de la Fundación Julita y Antonio, y le dan la razón respecto a la posesión legal de los predios invadidos en La Covadonga, así como de los procedimientos judiciales y administrativos para lograr su recuperación material, con la finalidad de destinarlos a causas sociales.
