Mayoría morenista impone Ley Anti memes a la población
El Pleno del Senado de la República con mayoría morenista y partidos satélites aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal, mejor conocida como Ley Anti memes.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de fortalecer la salvaguarda de los derechos de autor y de propiedad intelectual, sin embargo, especialistas advirtieron que dicha ley será utilizada para sancionar memes que involucren imágenes con derechos de autor.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que este documento contiene disposiciones que se ajustan a instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
Las reformas amplían el catálogo de delitos en materia de derechos de autor y propiedad industrial; y actualizan los tipos penales relacionados con la reproducción, distribución, venta, explotación de interpretaciones, descifrado de señales y elusión de medidas tecnológicas de protección, con la incorporación de manera transversal del criterio de “escala comercial” y con el ajuste de las penas aplicables a estas conductas, lo cual deja ambigÜedades
El proyecto plantea, entre otros puntos, sancionar con cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 20 mil días multa a quien, sin autorización, divulgue, publique, comunique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, antes de su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional, es decir, memes generados en función de obras protegidas.
Además, incorpora el criterio de “escala comercial”, se subraya en el dictamen, con el propósito de sancionar una conducta ilícita que pretenda obtener un beneficio económico, una ventaja competitiva o generar un impacto perjudicial significativo en la posición de mercado de la persona titular del derecho.
De esta forma, las reformas tipifican la utilización, reproducción, imitación o incorporación, “a escala comercial”, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno.
Con ello, se aclara en el documento aprobado, cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio, se impondrá una sanción de cinco años de prisión y multa de mil a diez mil unidades de medidas vigentes al momento en que se cometa el delito.
De la misma forma, se establecen las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la emisión de dictámenes técnicos y en la realización de las diligencias y obtención de pruebas necesarias para su emisión, a solicitud de particulares, del Ministerio Público Federal o de otras autoridades judiciales o administrativas, y se precisa que dichas autoridades no prejuzgarán sobre las acciones legales que procedan.
Con el proyecto se buscará que se persigan de oficio, tanto la falsificación de una marca como la producción, almacenamiento, transporte, introducción al país, exportación, distribución o venta, a escala comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas.
También se actualiza el delito de venta u oferta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas, distinguiendo una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a cien mil UMA para la venta u oferta a escala comercial a personas consumidoras finales en vías o lugares públicos, y una sanción de cuatro a diez años de prisión y de dos mil a 250 mil UMA cuando la conducta se realice en establecimientos, locales, puestos, mediante medios electrónicos o de manera organizada, sistemática o reiterada.
La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, indicó que votarán en contra del dictamen, porque establece sanciones de prisión y multas para quienes utilicen la identidad gráfica oficial. Señaló que, con ello, se busca impedir la realización de sátiras, caricaturas, cartones y otras expresiones en contra del Gobierno Federal, lo que, a su juicio, inhibe la libertad de expresión y promueve la autocensura para evitar incurrir en penalidades.
Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que no se puede “meter por la puerta de atrás” una reforma “autoritaria y censuradora” que inhiba la libertad de expresión. Si bien, dijo, está en contra de la piratería, no se puede criminalizar la parodia, la sátira, la caricatura ni la crítica política.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, sostuvo que su grupo parlamentario votará en contra, debido a que el proyecto representa riesgos para la libertad de expresión, al establecer penas de prisión y multas para quienes utilicen la imagen institucional con fines de parodia a través de redes sociales. Afirmó que, con ello, se busca tener el control del espacio digital y de lo que se comenta y escucha en línea.
En lo general, las reformas fueron aprobadas por la asamblea con 72 votos a favor y 34 en contra; y en lo particular, senadores del PRI, PAN y MC presentaron reservas para modificar diversos artículos del dictamen, pero fueron rechazadas por la asamblea.
Además, el Pleno aceptó una reserva presentada por el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, para establecer en el artículo 429 del Código Penal Federal que “los delitos previstos en este título se considerarán de comisión dolosa y se perseguirán de oficio, excepto los previstos en los artículos 424 fracción II y 427” de dicho ordenamiento.
De esta manera, con 68 votos a favor y 34 en contra, fueron aprobados los artículos reservados por PRI, PAN y MC en los términos del dictamen, así como la propuesta aceptada por la asamblea, por lo que el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.
