Senado aprueba iniciativa impulsada por el PAN para que deudores alimentarios no accedan a candidaturas
La Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó el dictamen impulsado por la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, para que los candidatos no sean deudores alimentarios moroso o, en caso de serlo, demostrar que ha pagado en su totalidad los adeudos alimenticios.
En la Comisión, la senadora Laura Esquivel Torres felicitó a la senadora Díaz Marmolejo y destacó que no se puede defender a México mientras se vulneran los derechos de sus propios hijos.
“Qué bueno que ahora se pone también en esta ley de que ningún deudor alimentario pueda ser candidato porque, repito, el compromiso primero es con la familia y después con México y recordemos que las pensiones alimenticias no son un favor, no es una generosidad y no hay ninguna razón que valga para que una persona no cumpla con los alimentos de sus hijos”, manifestó.
La iniciativa expone que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para consolidar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Los representantes populares deben ser ejemplo de integridad y congruencia, demostrando su compromiso con el interés público.
“Sin embargo, la falta de mecanismos obligatorios para verificar la transparencia del patrimonio y los intereses de los aspirantes a estos cargos genera dudas sobre posibles conflictos de interés o enriquecimiento ilícito”, dice.
Por ello la senadora del PAN por Aguascalientes propone que la presentación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal sea un requisito obligatorio para quienes aspiren a los cargos de Senador o Diputado Federal.
“Esta medida no solo fortalecerá la rendición de cuentas, sino que también garantizará que los representantes electos estén comprometidos con la legalidad y la transparencia, brindando a la ciudanía información clara y precisa respecto de quienes nos representan, estableciendo además mecanismos de control respecto de su patrimonio y la procedencia de éste”
Dice la propuesta que exigir que los candidatos estén al corriente de sus obligaciones fiscales, presenten sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, y no sean deudores alimentarios, no es solo una medida técnica o legal; es una manifestación clara de nuestra voluntad colectiva por un sistema politice que respete a cada ciudadano, especialmente a los más vulnerables, como nuestras niñas, niños y adolescentes.
