La diputada Inés Parra Juárez (Morena) informó que presentó, el 20 de julio pasado, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, una denuncia contra el Instituto Politécnico Nacional (IPN) por un quebranto al erario público de 273.7 millones de pesos. 

Esto, dijo, se registró en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2022 donde la Auditoría Superior de la Federación señaló una serie de pliegos de observaciones que no se han solucionado, ni solventado.

“Ya pasó el tiempo y sigue el quebranto sin resolverse, y lo peor, no se tienen responsables sancionados, pues para efectivamente combatir a la corrupción se debe sancionar a todo funcionario público corrupto que haga mal uso de los dineros públicos, ya que es una afrenta a todos los mexicanos que pagamos impuestos”, indicó. 

En conferencia de prensa, Parra Juárez reiteró que solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción que integre la carpeta de investigación de los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, colusión de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito de servicio público y tráfico de influencias en agravio de la hacienda pública federal de aquel o aquellos funcionarios del IPN que resulten responsables de los probables delitos de corrupción denunciados. 

“Está ahora en las manos de la Fiscalía. Esperemos hagan bien su trabajo y presenten ante tribunales a los responsables de los hechos de corrupción suscitados en el Instituto Politécnico Nacional; corresponde a la Fiscalía identificar a los culpables y ponerlos a disposición del Tribunal de Justicia Administrativa”, señaló. 

La diputada de Morena aseveró que este trabajo que ella hace, en realidad corresponde a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, cuyo titular es el auditor Nemecio Arturo Ibáñez Aguirre, y la Unidad de Asuntos Jurídicos, a cargo de Víctor Manuel Andrade Martínez. 

“ A la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación y a la Unidad de Asuntos Jurídicos les incrementaron número de plazas en su última reforma al reglamento de la ASF del 2022. Las dos instancias están reprobadas por los nulos resultados que presentan, sus titulares son burócratas, inservibles para combatir la corrupción; son un grupúsculo de encubridores que está generando quebranto al pueblo de México”, acusó. 

Refirió que de 2017 a 2020 hay 814 pliegos de observaciones insolventables propicios de convertirse en denuncias de hechos; están archivados, esperando el olvido que permita la impunidad de los corruptos. 

“Rebosan en los archivos de la ASF de pliegos de observaciones insolventables y seguramente de casos de prescripción que la ASF oculta o pliegos de observaciones no atendidos, como es el caso de las universidades públicas”, asentó. 

Inés Parra subrayó que ha solicitado con vehemencia que la Auditoría Superior de la Federación integre los expedientes de denuncias de hechos de todos aquellos pliegos de observaciones que detecten irregularidades y quebranto al erario público federal. 

Sin embargo, lamentó que exista toda una política de encubrimiento por parte de una mayoría de legisladores de la Comisión de Vigilancia de la ASF, de todos los partidos, en colusión con los auditores, para que no se presente la denuncia de hechos ante la fiscalía correspondientes. 

“Las instancias obligadas, por ley, a presentar denuncias de hechos son la ASF, la Secretaría de la Función Pública, pero están siendo omisas y tiene una tendencia a la baja en la presentación de estas denuncias; no quieren entrar de lleno al combate a la corrupción y se vuelven instancias encubridoras de la corrupción. Ese es el ´elefante blanco´ del que ha hablado el Presidente y no se quiere echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción”, finalizó.