La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca inició una investigación en torno a 192 averiguaciones previas registradas ante la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales (FEPAM), relacionadas con delitos como la venta de plazas, pederastia, acoso sexual u hostigamiento, e incluso un par de homicidios, que se iniciaron durante el periodo en el que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo a su cargo esa dependencia, para determinar si existen irregularidades en su integración.
Hasta ahora se encontró un incremento en el número de denuncias por ese tipo de casos en un periodo de dos años. Mientras en 2012 se registraron 26 denuncias, para 2014 se duplicaron hasta llegar a 53 averiguaciones previas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el procurador estatal, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, dijo que se investiga cómo operó en casi 25 años la fiscalía a cargo de la CNTE, con el propósito de conocer de casos que se hubieran guardado, a los que no se les dio seguimiento por ser averiguaciones en contra de los propios maestros.
Explicó que en caso de encontrar que integrantes del magisterio beneficiaron a algún integrante de la CNTE, se fincarán responsabilidades.
Explicó que como parte del decreto con el que se creó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), se determinó dejar sin efecto todos los convenios, contratos e instrumentos que se hubieran celebrado entre el gobierno estatal y el movimiento magisterial, una de esas acciones fue la fiscalía.
Al quedar sin efecto la fiscalía, el pasado lunes 20 de julio, “lo que procede es que con base en mis atribuciones puedo crear una nueva fiscalía dependiente de la procuraduría, o bien, integrar los casos de los que se tenga conocimiento a las diferentes direcciones de la PGJ estatal”, dijo el funcionario.
Sólo que antes de esa decisión, la procuraduría determinó iniciar una investigación para conocer los casos existentes. “Se investiga en los 192 expedientes qué casos fueron guardados, no se consignaron, se reservaron y corresponden a venta de plazas, pederastia, acoso u hostigamiento sexual, y que eran denuncias de los propios maestros que tenían que conocer otros maestros, por la forma en que operaba”.
El procurador relató que en los últimos cinco o seis años se crearon áreas transversales que hicieron que en temas como homicidios, secuestros y delitos contra la mujer se tuvieran espacios de atención desde la PGJEO, de manera que eso abrió la posibilidad de que en caso de que los dirigentes de la CNTE recibieran un caso, en la fiscalía tuvieran una alternativa para investigar esos delitos.
“Ahí fue claro, ellos mismos daban conocimiento a la procuraduría, como una manera de no intervenir más en ese tipo de denuncias”.
Pero en general, “lo que encontramos por ahora y tenemos como conocimiento es el registro de casos calificados como de presunto fraude, la venta de plazas, pero también otros delitos que pudieran haberse considerado menores, como amenazas o lesiones”.
Carrillo Ruiz define que el trabajo de la fiscalía se convirtió en la instancia en donde se dirimían denuncias entre profesores, por lo que sólo en los primeros años conoció de casos de homicidio que se tenían bajo investigación desde finales de la década de los 70. “Se le otorgó a la fiscalía la capacidad de conocer y llevar a cabo las investigaciones sobre un par de homicidios, uno de ellos en el año de 1988”.
Por lo que hace a las denuncias por fraude, hasta ahora se tienen dos casos en el registro total.
A fin de conocer si en las acciones de investigación y seguimiento en cada uno de ellos se otorgaron beneficios a los inculpados, en donde los señalados fueron maestros, “mi área va a actuar. De hecho he pedido que en cada caso se especifique si se les requisitaba y si existen registros de investigación”.
A decir del procurador oaxaqueño, el que en las investigaciones de todos estos expedientes participaran actores ligados a la Coordinadora es parte de la investigación que se realiza. “Tenemos que conocer en cuántos casos sí hubo consignaciones, si hay casos, cuántos de ellos son irregulares, se escondieron, se retardaron o guardaron, cuál es la situación jurídica de cada uno de ellos”.
Lo que procede en cada caso es sacarlos de la reserva, consignar, reiniciar los expedientes y procesar, porque “creemos que mientras no prescriban las denuncias” se puede atender el tema de justicia.
El funcionario estatal consideró que si se deben fincar responsabilidades en contra de quienes siendo integrantes del magisterio tenían a su cargo la operación de la fiscalía, se tomarán medidas desde la procuraduría.
